Mis amigas las putas están hartas de tus mitos sobre el trabajo sexual: nadie las obliga

Esta estrategia sumamente cuestionable es propia del abolicionismo (que toma su nombre del movimiento antiesclavista) y que a día de hoy tiene su mejor representación en el feminismo hegemónico, de corte academicista. Ante esto, mis amigas putas no pueden dejar de sentirse engañadas ante un grupo, que agarrado al poder de las instituciones, promete “salvarlas” mientras dificultad el desempeño de su trabajo, cae en generalizaciones y no defiende sus derechos como colectivo.

¿El 95% de mujeres son explotadas en prostitución?

Posiblemente, este sea uno de los mitos más extendidos. El dato es jugoso para muchas publicaciones, que no dudan en colocarlo en titulares e incentivar el clickbait.

Sin embargo, carece de veracidad: “No hay ningún estudio o investigación en nuestro país que alumbre cifras. Fue un compromiso del Congreso de los Diputados, en 2003, la de elaborar un estudio precisamente para acercarse a las cifras. Aún lo estamos esperando”, comenta Mamen Briz del Colectivo Hetaira. Ya, en 2006, El País se vio obligado a reconocer que no hay estudios rigurosos que demuestren ese porcentaje.

Lo que sí hay es informes a pequeña escala, realizados por muchas asociaciones que atienden las necesidades sociales y sanitarias de muchas trabajadoras sexuales. Este es el caso del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), asociación declarada de utilidad pública, que atendió, según su Memoria Anual (2016) a un total de 1.701 personas durante ese mismo año, de las cuales, 1.569 son personas trabajadoras del sexo que ejercen la prostitución, 108 sus familiares directos y 24 antiguas trabajadoras.

¿Es la prostitución un tipo de violencia de género?

Para Saisei-chan, trabajadora sexual en Barcelona desde hace aproximadamente tres años, el problema está en la continua confusión entre deseo y consentimiento. Quizá apunta en la buena dirección: se puede tener sexo sin deseo, pero allí y cuando no está presente el consentimiento hay una violación.

“Violencia de género sería que alguien me obligara a hacer con mi cuerpo algo que no quiero, que alguien me desposeyera del control sobre mi misma y me impusiera su voluntad”, comenta.

Para muchas personas puede que el sexo sin deseo pueda ser problemático e incluso traumático, en este caso, para quien ejerce la prostitución. Sin embargo, ella cuestiona ese pensamiento: “Que nuestro trabajo implique sexo sin deseo no hace que nuestra sexualidad se vea dañada, ¿quién ha dicho que el prostíbulo es el único lugar donde las prostitutas mantenemos relaciones sexuales?”.

¿Es ilegal?

Hasta la fecha es alegal. No obstante, puede estar limitada a través de ordenanzas municipales que restringen su práctica en distintos espacios de las ciudades o recientemente, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana (que castiga con multas de 1.000 a 30.000 euros el “ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos”).

Paradójicamente, la prostitución fue reconocida en 2001, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como una actividad económica siempre y cuando se ejerza libremente e incluso existen sentencias ejemplares sobre el reconocimiento de los derechos laborales de las prostitutas como ésta. La hipocresía es obvia.

Además, mientras el gobierno español reconoce que es una actividad lucrativa (incluyendo su aporte económico en el PIB en 2010), las trabajadoras sexuales continúan sin ver reconocidos sus derechos, siendo imposible su cotización en la Seguridad Social, el derecho a la vivienda, pedir un crédito, una baja por enfermedad o por maternidad, tener derecho a jubilación…

¿Despenalizar el trabajo sexual para favorecer los derechos de las prostitutas?

Este es el planteamiento predominante en las asociaciones de trabajadoras sexuales no abolicionistas como Colectivo Hetaira, CATS, Aprosex, Genera o Colectivo Caye, así como el que ha mostrado tras varias investigaciones y análisis Amnistía Internacional. La despenalización se aleja también de la criminalización del cliente y cada vez, este itinerario cuestiona más el modelo nórdico.

Como apunta Ann Jordan a día de hoy el gobierno de Suecia que habla de “éxito” aún no ha aportado una demostración estadística que concluya que la ley ha supuesto una disminución del número de hombres que pagan por sexo, así como una reducción de la trata con fines de explotación sexual en prostitución.

“Es nefasto criminalizar a los hombres por el solo hecho de pagar por sexo a una profesional. Es un acuerdo entre personas adultas, una cuestión privada y los Estados no deberían inmiscuirse en la vida íntima de las personas. A eso yo lo denomino fascismo sexual”, declarada desde Buenos Aires, Melisa de Oro, que además de trabajadora sexual es toda una activista en la reivindicación de los derechos de este colectivo.